indica que es necesario avanzar en temas de participación y cooperación internacional, con un intercambio efectivo de información para combatir delitos de seguridad cibernética. Esto, con el fin de aportar instrumentos de contextos transnacionales para la detección, investigación y judicialización de los responsables. En aspectos como la investigación jurídica, Colombia quedó clasificada en un nivel 30 para la fiscalía, por ejemplo. De esta forma se identifica que el número de fiscales capacitados para lograr construir un caso validado sobre pruebas electrónicas es limitado. Lo anterior, porque a pesar que se han tenido algunos programas de formación especializada, aún hace falta institucionalizar estos esfuerzos y ampliar los mecanismos de colaboración entre la fiscalía y la policía, obteniendo de esta forma un apoyo en la resolución de casos de delitos cibernéticos. En atención al rol que cumplen los jueces y fiscales en el proceso judicial en torno a casos relacionados con el cibercrímen, no son suficientes las competencias técnicas de estas instancias. Se debe encaminar a construir un marco jurídico maduro que apoye los procesos judiciales, juzguen conductas de manera efectiva, apoyen procesos de investigación estructural, y cuente con la capacidad de adaptarse dinámicamente en función de las circunstancias imperantes. A pesar de los desarrollos normativos en la materia, se requiere la revisión y mejoramiento de cada una de las instancias judiciales, así como de las sanciones administrativas y disciplinarias sobre la comisión o prevención de un delito informático. Dadas las nuevas formas de criminalidad, tal revisión debe considerar el hecho de que actualmente las grandes redes criminales y el crimen organizado han adquirido una pericia especial en el manejo de nuevas tecnologías, lo que ha potenciado y ampliado sus capacidades, facilitando su actuar y optimizando sus rendimientos. El crimen organizado ha escogido como una gran aliada a la tecnología, y en esa medida crimen y mundo digital se funden en una amalgama que, vista desde la perspectiva del riesgo país, constituye una amenaza contra la seguridad nacional. Por tanto, es indispensable que en el país se dé un 30 Según BID & OEA (2016) algunas características del subfactor han comenzado a crecer y ser formuladas, pero pueden ser casuales, desorganizadas, mal definidas o simplemente nuevas. 42