conocimiento de la situación actual; (iv) resiliencia, recuperación y respuesta; y (v) efectiva
cooperación e intercambio de información (OEA, 2014).
Por su parte, la mesa internacional emitió recomendaciones enfocadas en la necesidad
de: (i) desarrollar una visión estratégica global para la ciberseguridad; (ii) adoptar un
enfoque nacional de la gestión de riesgos; (iii) establecer un marco institucional claro; (iv)
establecer un proceso sistemático para involucrar a todos los interesados en el desarrollo de
la estrategia y su implementación; y (v) adoptar una estrategia para la protección y defensa
de las infraestructuras críticas cibernéticas nacionales, siendo conscientes de la necesidad de
fortalecer las capacidades operativas, administrativas, humanas, científicas, tecnológicas y
de infraestructura física de las instituciones (OEA, 2014).
Tanto la mesa nacional como la internacional coincidieron en la necesidad de
incorporar nuevos elementos a las estructuras institucionales, a la legislación y a las acciones
existentes; y de incluir en la política principios, lineamientos y directrices en lo relacionado a
los derechos humanos en el entorno digital. Esto, porque se concluyó que aunque la política
existente había sido efectiva en contrarrestar ataques cibernéticos que atentaban contra la
defensa y seguridad nacional, en ella no se tuvieron en cuenta objetivos relacionados con la
prosperidad económica y social (que se creían implícitos en los de defensa y seguridad
nacional). Objetivos que pueden ser alcanzados garantizando un entorno digital seguro y
abierto, que genere confianza en los ciudadanos para que se incrementen sus participantes,
y se fortalezca la economía digital. Así lo han reconocido diferentes países del mundo, que
han adaptado su política en la materia al nuevo contexto.
2.2. Mejores prácticas internacionales
Durante la última década, los gobiernos han venido utilizando instrumentos e
implementando estrategias para reducir las incertidumbres y los riesgos, así como para
contrarrestar adecuadamente las amenazas cibernéticas y los incidentes en el entorno digital.
En las regiones desarrolladas del mundo, las estrategias de seguridad digital tienen un
enfoque integral, que abarca aspectos económicos, sociales, educativos, jurídicos, de
aplicación de la ley, técnicos, diplomáticos, militares y relacionados con la inteligencia. Las
consideraciones de soberanía en la formulación de políticas de seguridad cibernética son
cada vez más relevantes y se puede notar una mayor participación de los militares y de las
ramas de inteligencia del gobierno. No obstante, cuando las estrategias de seguridad
cibernética se centran exclusivamente en asuntos militares y de inteligencia, es posible que
no alcancen un equilibrio adecuado entre la seguridad y los derechos, tales como la
privacidad y la libertad de expresión y de asociación (BID & OEA, 2016).
Varias organizaciones multilaterales como la OTAN, la OCDE, la UIT y la OEA y
gremios globales del sector privado, han analizado cómo abordar la seguridad digital bajo
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