la fuente de un ataque cibernético. Sin una regulación o legislación clara, este tipo de cooperación sería muy compleja, dado que podría afectar la relación de los proveedores con sus clientes. De hecho, algunos de los clientes más grandes exigen cláusulas de confidencialidad en sus contractos, lo cual podría impedir que el proveedor brindara la colaboración requerida por las autoridades de seguridad y justicia. De manera similar, sería necesaria una regulación para que las empresas del sector privado compartieran información acerca de las vulnerabilidades de sus redes y sistemas cuando sus capacidades se vean superadas con el fin de encontrar soluciones de forma coordinada a través del intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas. En general, los ataques contra las empresas se resuelven internamente o con contrataciones externas, pero no hay una adecuada comunicación con autoridades relacionadas con la aplicación de la ley. El incidente cibern��tico es solucionado, pero muchas veces no hay una persecución penal por la falta de mecanismos de preservación de la evidencia digital, como se mencionó anteriormente. Esto es alarmante cuando se considera lo reportado por el Grupo de Trabajo Anti-Phishing13 (APWG, por sus siglas en inglés), en donde Guatemala, en el cuarto trimestre de 2015, se encontraba en el puesto 5 entre los países más infectados por malware, con una tasa de infección de 39.58 por ciento. Con respecto a la remoción de contenidos ilegales del Internet (takedown), esto sería posible solo si la orden es válida y proviene de un juez competente. Sin embargo, se señaló que no existe una legislación clara acerca de cuáles serían estos contenidos ilegales y los procedimientos de remoción de los mismos en línea. En este contexto, durante las reuniones y en los cuestionarios se destacó la necesidad de revisar la Iniciativa de Ley de Cibercrimen 5254, así como de generar leyes que tengan coherencia y crear métodos que sean aplicables en el corto, mediano y largo plazo. L a Ad m in is t ra c ió n P ú b lic a De acuerdo a la información obtenida, se destacó que no existe una gestión centralizada en el gobierno para la compra de tecnologías de la información (TI) y seguridad cibernética. En este sentido, los esfuerzos de seguridad de la información se dan a nivel de cada institución; es decir, sin una entidad que los coordine. Por otra parte, con relación al desarrollo e implementación de servicios y productos orientados al ciudadano, Guatemala se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), el 27 de julio de 2011, que posteriormente ratificó en 2012, habiendo implementado a la fecha tres Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto en períodos bianuales, el último correspondiente al período de 2016 a 2018. 13 https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q1-q3_2015.pdf 23