Según el Banco Interamericano de Desarrollo, como resultado de los procesos de urbanización acelerada no sólo en nuestro país sino en la región latinoamericana, durante los últimos cincuenta años, gran parte de la población no contó con suficientes oportunidades de desarrollo, lo que dejó en la marginalidad a diversos sectores sociales. La pobreza y la exclusión han sido el terreno fértil para el incremento extremo de los niveles de criminalidad extremos. Si bien la pobreza en sí misma no necesariamente es causa de violencia y delincuencia, sí tiende a originar sentimientos de estrés y frustración que pueden desencadenar comportamientos violentos si están acompañados por desempleo, falta de acceso a la salud y hacinamiento de los hogares y localidades más pobres, discriminación, entre otros(3). La evidencia disponible pone en claro las afectaciones en la vida de las personas a propósito de la problemática descrita. Conforme a datos recopilados por el Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(4) en cuanto a las brechas de los niveles de pobreza, destaca que 40.1% de las mujeres indígenas en zonas rurales se encuentran en pobreza moderada y 45% en pobreza extrema; el 47.3% de la niñez indígena sufre de pobreza moderada y 31.1% se encuentra en pobreza extrema; el 41.5% de la niñez no indígena sufre pobreza moderada y 6.4% en pobreza extrema; el 40.1% de las y los jóvenes en las zonas rurales se encuentra en pobreza moderada y 16.4% en pobreza extrema; el 36% de las y los jóvenes en zonas urbanas viven en pobreza moderada y 4.6% en pobreza extrema. Estas brechas exponen que nuestro país se encuentra lejos de tener oportunidades y participación en igualdad de circunstancias para todos los grupos sociales(5). De hecho, la población indígena enfrenta las mayores brechas en cuanto a carencias sociales, cuando se compara con la población no indígena: rezago educativo, 31.6% población indígena y 15.9% población no indígena; acceso a los servicios de salud, 15.1% población indígena y 15.6% población no indígena; seguridad social, 77.6% población indígena; 53.5% población no indígena; calidad y espacios en la vivienda, 30.2% población indígena y 10.2% población no indígena; servicios básicos en la vivienda, 56.3% población indígena y 15.5 población no indígena; acceso a la alimentación, 30.5% población indígena y 19% población no indígena(6). En el orden de los delitos que producen mayor exasperación social, se encuentran los de carácter sexual y originados en razones de género. De acuerdo con cifras del SESNSP, durante el periodo de enero de 2015 a abril de 2020, el registro de presuntos delitos relacionados con la violación a nivel nacional registró un máximo de 1,642 carpetas de investigación en mayo de 2019, una cifra que solo estuvo cerca de alcanzarse en marzo de 2020 con 1,640 casos. Por su parte, los incidentes de violencia contra la mujer llegaron a 26,171 en marzo de 2020, lo que representa un incremento de 60.67 % respecto a las 16,289 llamadas de emergencia al 9 1 1 registradas en el mes de marzo de 2019(7). Asimismo, las carpetas de investigación por el delito de feminicidio a nivel nacional en el periodo 2015-2018 han presentado un incremento constante, duplicándose el número de feminicidios de 407 en 2015 a 834 en 2018. Entidades federativas como Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Colima, Chihuahua y Baja California Sur han presentado incrementos porcentuales de 2017 a 2018 superiores a 50%. El SNSP registró que los primeros cuatro meses del año de 2019, se cometieron al menos 1199 feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de los cuales, 114 de las víctimas fueron menores de edad(8). Otro de los sectores sociales que presenta brechas en cuanto a las prestaciones laborales, corresponde a las y los jóvenes, solamente 35.4% cuenta con servicios médicos como prestación laboral; 24.5% tiene incapacidad por enfermedad o maternidad con goce de sueldo; 24.8% cuenta con SAR o AFORE; 27.4% tiene acceso directo a la seguridad social; 41.2% sin prestaciones laborales. Además, la juventud enfrenta problemas para la inserción laboral, y cuando logran insertarse lo hacen en empleos precarios. Si esta situación persiste, dependerán de los niveles salariales y su capacidad de ahorro para enfrentar la vejez(9). La población que percibe poco o nulo respeto a sus derechos se integra por el 22.5% de niñas y niños entre 9 y 11 años; 26.9% de personas de la diversidad religiosa; 32.6% de las y los adolescentes; 36% de las y los jóvenes; 44% de las mujeres; 48.1% de personas con discapacidad; 49.3% de personas indígenas(10). En este contexto, las estrategias y acciones puntuales que conforman este objetivo, se sustentarán en el establecimiento de espacios de discusión y consulta que convoquen a diversos grupos sociales, conforme al principio rector del PND 2019 - 2024 que señala que la democracia significa el poder del pueblo, a quien el Gobierno de México ha tomado en cuenta bajo el principio de mandar obedeciendo. El Objetivo 3: Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural, constituye la respuesta a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario del país, tal como lo señala el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la CNDH, en el que presenta sus resultados mostrando que la problemática entre los Centros Penitenciarios Estatales y los Federales no es común, sino específica o particular para cada uno de ellos. En los Centros Penitenciarios Estatales se observan problemas de sobrepoblación, hacinamiento, deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene en dormitorios y área médica, problemas en el control de la seguridad y falta de actividades de reinserción, entre otros, lo que afecta los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la seguridad, gobernabilidad y disciplina al interior de los centros penitenciarios. Es por ello que la CNDH, indica que los centros penitenciarios estatales presentan graves problemas, por lo cual se convierten con frecuencia en un mecanismo contraproducente pues pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad. Podemos observar que los centros penitenciarios estatales enfrentan corrupción de las autoridades carcelarias; comisión de actividades ilícitas; inadecuado control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima y en el uso de teléfonos; falta de prevención y atención de incidentes violentos; así como deficiencias en cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias a las personas privadas de la libertad, que dan paso al autogobierno que es el dominio de los penales por parte de organizaciones criminales, por lo que es necesaria la coordinación con las autoridades penitenciarias de las entidades federativas y de la Federación para fortalecer la operación del sistema penitenciario del país.