Como parte del cambio de paradigma de seguridad, se busca la recuperación del territorio de manos de la delincuencia organizada a través de la instalación de 32 Coordinaciones Estatales y de 266 Coordinaciones Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad. Hacer frente a estos desafíos se relaciona estrechamente con la creación de la Guardia Nacional como respuesta ante la necesidad de contar con una corporación de policía capaz de afrontar los desafíos de la inseguridad y la violencia prevalecientes, con la participación corresponsable de entidades federativas y municipios. Esta institución inició operaciones a partir de la incorporación de integrantes procedentes de las Policías Militar, Naval y Federal. Está enfocada a la prevención, investigación y persecución del delito, así como a contribuir al restablecimiento de la seguridad pública y la paz en el territorio nacional. Se prevé que para 2021 cuente con 150 mil integrantes quienes tendrán presencia en las 266 regiones en las que se ha dividido al país y coordinará sus acciones con las policías estatales y municipales bajo el principio rector del PND 2019-2024 de actuar con respeto a los derechos humanos. Además de la creación de la Guardia Nacional, se fortalecerán las policías municipales y estatales y se logrará su articulación efectiva para afrontar los desafíos de la inseguridad, a fin de prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad. Con este propósito, la Asamblea Plenaria de las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal aprobó el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica el 28 de junio de 2019, cuyas funciones se basan en la proximidad social, patrullaje estratégico para la prevención, estado de fuerza óptimo, atención a víctimas y justicia cívica con trabajo a favor de la comunidad(2). Con la Guardia Nacional y el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se pretende que quienes integren la institución policial acrediten conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes para el desempeño de sus funciones. En apoyo a este propósito, se propone la creación de la Universidad de la Seguridad Pública, que se encargará de la formación, especialización y desarrollo de nuevas habilidades y competencias del personal policial, así como el fortalecimiento de la alta gerencia policial. En apego a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es preciso fortalecer la articulación entre la generación de inteligencia para la seguridad y la protección de los intereses y objetivos nacionales, debido a que la seguridad pública es un componente esencial de la seguridad nacional. Cabe reconocer que en administraciones pasadas se privilegió el uso de la fuerza y el combate frente a la delincuencia organizada y no se establecieron los mecanismos adecuados de coordinación entre las instancias federales y los tres órdenes de gobierno. Esta situación requiere de una estrategia integral y transversal que privilegie el uso de la inteligencia para minimizar el uso de la fuerza, procurar la seguridad de la población y de los propios cuerpos de seguridad y permitir la desarticulación de los procesos delictivos. Con el propósito de fortalecer la producción de inteligencia y en apego a los preceptos jurídicos que regulan el proceso de análisis de inteligencia para la seguridad nacional en el marco de un Estado democrático de Derecho y de protección de las personas, sus familias y sus bienes con un enfoque diferenciado, intercultural y basado en la perspectiva de género, es necesario establecer protocolos para el intercambio de información y análisis entre las unidades y órganos de inteligencia en materia de seguridad pública y seguridad nacional, así como formular esquemas de colaboración con otras instancias de gobierno a fin de promover el desarrollo nacional. Así mismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, establece como prioridad el garantizar la coordinación entre las instituciones federales y estatales, y que las 266 regiones distribuidas en las 32 entidades federativas actúen también de manera coordinada e informada. Por su parte, el Objetivo 2: Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional, se orienta hacia la mejora en la coordinación interinstitucional, el involucramiento de los actores sociales en el ámbito comunitario y el ejercicio de la prevención como herramienta útil para la construcción de propuestas y acciones basadas en respuestas focalizadas y participativas y no exclusivamente en mecanismos policiales y reactivos, en el marco del cambio de paradigma de seguridad que plantea la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Con ello, se busca revertir la problemática pública que surge del diseño e implementación de políticas públicas de prevención de la violencia y el delito de manera reactiva y descoordinada entre las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y de estos con otros actores del sector privado, sociedad civil tanto en el ámbito nacional como internacional, débil en la atención al ciclo de vida de las personas y los rasgos culturales de las comunidades. En este sentido, en las políticas de prevención de la violencia y el delito, deben evidenciarse las acciones concretas a favor de la niñez, juventudes, mujeres, personas con discapacidad, personas con diversas identidades de género y preferencias sexuales, personas adultas mayores, los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, así como cualquier otra población que amerite una atención diferenciada, interseccional e intersectorial ante la violencia y el delito. De igual forma, es de interés fomentar la participación ciudadana en la formulación de propuestas con la finalidad de recuperar la paz. Es importante considerar que los niveles de violencia y delincuencia no tienen su origen únicamente en la falta de políticas de seguridad integrales, también expresan las fallas del modelo económico y social. En un contexto histórico y social donde la desigualdad y la persistencia de brechas sociales obstaculizan el cumplimiento de los derechos humanos, nos obliga a contemplar la pobreza como un fenómeno multidimensional, con la finalidad de relacionar las carencias sociales de la población con el incumplimiento específico de ciertos derechos sociales y económicos.