I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Antecedentes El uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para fortalecer las capacidades e incrementar la eficiencia de las entidades públicas, como para mejorar los canales de comunicación del Estado con la ciudadanía y la participación y control social, proviene de varios años atrás. Muchas entidades públicas han logrado implementar sistemas informáticos para mejorar sus operaciones y algunas experiencias han logrado alcanzar a todo el sector público. En el ámbito de la planificación y en la implementación de tecnologías de la información y comunicación resaltan la Estrategia Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo (ETIC) en 2005 y los esfuerzos realizados para la articulación de una Agenda Digital por parte de entidades públicas algunas veces y por la ciudadanía, en otras. Sin embargo, las iniciativas han sido dispersas y han quedado obsoletas debido a la construcción del Estado y al impulso social que transforma la estructura económica, social y política del país. Por este motivo, acorde al mandato legal establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley N° 164 y el D.S. 1793, cabe reformular los lineamientos e infraestructura sobre los que se desarrolla el Gobierno Electrónico en el país, en el horizonte de la Agenda 2025, fundamentalmente en su punto 4: soberanía tecnológica con identidad propia, enmarcados en los principios del Vivir Bien (SumajKawsay, Suma Qamaña, Ñandereko, TekoKavi, IviMaraei). 1.2. Justificación Tanto el progreso del proceso revolucionario que transforma el país, como el avance mundial de las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación a la gestión pública, generan el escenario para la concepción de un nuevo lineamiento para el desarrollo e implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado ha transformado en los últimos 10 años la infraestructura de las telecomunicaciones del país bajo la premisa constitucional de que las telecomunicaciones son un derecho fundamental de las bolivianas y bolivianos. Asimismo, la normativa actual ha establecido una transformación tecnológica trascendental para el Estado con la implementación de software libre y estándares abiertos en la administración pública, que debe cambiar por completo la forma en que el Estado comprende la tecnología y la forma en que se aproxima a ella y la utiliza. Esta revolución implica avanzar hacia la soberanía tecnológica y romper lentamente los lazos de dependencia que ha atado por siglos al país, al mismo tiempo convertir a sus ciudadanos en consumidores de tecnología. La verificación de esta transformación pasa por un complejo proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades, avanzando paralelamente en procesos de innovación, investigación y desarrollo. Otro aspecto evidente es la carencia de una estrategia general de tecnologías de la información y comunicación que guíe el proceso de adopción de este tipo de tecnología en el marco general de desarrollo del Estado. Si bien cada entidad pública ha generado