Siguiendo los preceptos políticos y normativos de la Constitución Política del Estado que plantea que las telecomunicaciones, por tanto el Internet, son un derecho fundamental de las bolivianas y bolivianos, al igual que el agua, la electricidad, etc., el Gobierno Electrónico debe ser capaz de transformar la práctica comercial de las telecomunicaciones en general y el Internet en particular, acorde a la política desplegada para el conjunto de los servicios públicos de modo que sea posible la universalización de la cobertura, al mismo tiempo que se facilita el acceso a los sectores de menores recursos. Debe también enfocarse en hacer accesibles los servicios de Gobierno Electrónico, en todas las dimensiones explícitas en este documento, para todas las ciudadanas y ciudadanos. De igual forma, la transformación de las prácticas de gobierno: "Gobernar obedeciendo al pueblo", en palabras del Presidente Evo Morales, significa que la participación y control social plasmados en la Constitución Política del Estado y la Ley de Participación y Control Social no pueden ceñirse a un conjunto de intercambios de datos digitales sino a la efectiva participación de la sociedad y los sectores sociales en el proceso de gestión del bien común, no como agente externo interesado sino como parte central en la definición de las políticas públicas y su implementación. Sin duda, el Gobierno Electrónico puede generar diversas iniciativas para fortalecer las relaciones entre las entidades públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Es fundamental, en este campo, que el Gobierno Electrónico permita transparentar y poner a disposición de la población datos e información bajo licencias que la conviertan en un bien colectivo disponible para todos, al mismo tiempo que fomenten procesos de innovación e investigación en diversos campos. Todo este proceso, no obstante resulta incompleto e inerte si no se funda el marco general de la soberanía tecnológica y descolonización del conocimiento. Por tanto, el Gobierno Electrónico no puede concentrarse simplemente en la implementación de TIC para diversos propósitos, sino también en incorporar el proceso social de su producción, lo que implica investigación, innovación y desarrollo, a la par de formación de capacidades. Se trata, entonces, que el Estado y las entidades públicas en interacción con la sociedad boliviana, sean capaces de producir el conocimiento y la tecnología que van a formar parte de las relaciones sociales complejas que configuran las prácticas de gobierno y de gestión del bien común. En este marco, es inconcebible el Gobierno Electrónico sin la implementación de software libre y el ecosistema inherente al mismo, que permita al Estado ejercer el efectivo control soberano sobre la tecnología que utiliza, como también la formación de profesionales y servidores públicos que apropien la tecnología y aprovechen la posibilidad de conocer los procedimientos y técnicas que permiten operar las tecnologías libres y avanzar en los campos de la innovación e investigación, participando de un diálogo intercultural con comunidades científicas en el ámbito de las TIC y colaborar con las mismas. Es así que para el Estado el Gobierno Electrónico constituye el conjunto de relaciones sociales y actividades que se enmarcan en la producción e implementación de