la regulación sobre protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual a menores de edad. Adicional a lo anterior, se adoptaron diferentes leyes de protección a los derechos fundamentales. Por ejemplo, la Ley 1581 de 201212 tuvo por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. En esta misma línea, se desarrolló un marco jurídico que incluye el reconocimiento de los datos e información como bien jurídico tutelado. Cooperación y posicionamientointernacional En 2013, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el país solicitó formalmente la adhesión a la Convención de Europa sobre cibercriminalidad, también conocido como Convenio de Budapest13. Este Convenio establece los principios de un acuerdo internacional sobre seguridad cibernética y la sanción de delitos cibernéticos. En el mismo año, se estableció un convenio multilateral con el Foro Económico Mundial, para identificar y abordar los riesgos sistemáticos globales derivados de la conectividad, cada vez mayor, entre personas, procesos y objetos. A través del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha logrado trabajar con varios Equipos de respuesta ante incidencias de seguridad (CSIRT) en la región. Colombia es parte de una red de alerta que proporciona formación técnica a personal especializado, promueve el desarrollo de estrategias nacionales sobre seguridad cibernética, y fomenta el desarrollo de una cultura que permita su fortalecimiento en el continente. En este mismo frente, el país ha suscrito acuerdos con organizaciones internacionales como el Antiphishing Working Group. Lo anterior, con el fin de acceder a recursos y programas específicos en ciberseguridad y ciberdefensa, y hacer parte de esta coalición con empresas de la industria, autoridades legales y entidades de gobierno, que colaboran en función de contar con mejores mecanismos de alarma y respuesta frente a ataques 12 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 13 El 11 de septiembre de 2013, como resultado del análisis de la normatividad de Colombia en materia de delito cibernético, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa dio su aprobación para invitar a Colombia a adherirse a la Convención sobre delito cibernético. En esa oportunidad, también se abrió la puerta para que fuera parte de su Protocolo adicional relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. A partir de tal decisión, Colombia tiene un máximo de cinco años para adherir al instrumento internacional. 15