2. Antecedentes
La formulación de una Política Nacional de Gobierno Electrónico responde a la
necesidad de definir sus objetivos estratégicos, así como sus lineamientos y
planes de acción en el marco del proceso de modernización y descentralización
del Estado, al que se suma los esfuerzos del Estado por una mayor inclusión
social. La Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico fue formulada en el
2006, después de seis años, el escenario ha cambiado debido al desarrollo
económico y social del país. Nuevos elementos de Gobierno Electrónico se
suman hoy a su desarrollo, como la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
(PIDE), inaugurada en octubre del 2011, la puesta en producción de la
Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas (IOFE) a cargo del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual(INDECOPI), la emisión de Firmas y Certificados Digitales por parte
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la
implementación de mayor número de servicios públicos en línea a través de
portales institucionales, el inicio del desarrollo de Gobierno Móvil y sus
potencialidades para atender a ciudadanos localizados en zonas rurales del
país, el desarrollo de los datos espaciales para una mejor gestión del territorio,
la inclusión digital y su especial atención social a la población localizada en las
zonas de los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el desarrollo
económico del país y mayores recursos económicos por parte de las regiones y
gobiernos locales, permiten proyectar un mayor desarrollo del Gobierno
Electrónico en el país para los próximos años, en el camino por lograr una
sociedad peruana con bienestar general para todos.
Actualmente, según la última encuesta realizada por la ONU de e-Government
para el 2012, Perú se encuentra en el puesto 7 en el ranking de Gobierno
Electrónico por debajo de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y
Venezuela (puesto 82 a nivel mundial) habiendo descendido una posición
desde el año 2010; estos indicadores negativos no hacen más que reforzar la
necesidad de mejorar y fortalecer las estrategias establecidas anteriormente
con el objetivo de ascender en el mencionado ranking.
La presente Política Nacional de Gobierno Electrónico considera el uso
eficiente de las TIC y al Gobierno Electrónico como una obligación que tiene el
Estado centrada en los ciudadanos y las personas en general, su adecuada
identificación electrónica como elemento transversal en la definición de
políticas relacionadas con la gobernabilidad democrática, la transparencia,
identidad e inclusión digital y el desarrollo equitativo y sostenible, a las cuales
se encuentra alineada al siguiente marco internacional: la Agenda de
Conectividad de las Américas de 2001, la Declaración de Bávaro del 2002,
Declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Santo
Domingo de 2006, al Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del
Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC2015),la Carta
Iberoamericana de Gobierno Electrónico de 2007 elaborada por el Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), así como el
Consenso de Asunción de julio de 2011 y su respectivo marco para la