jurídico armonizado con los países adscritos a dicho Convenio. Cabe señalar que el Gobierno de Guatemala ya expresó el interés de adherirse al mismo, y está siendo gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los entrevistados durante el proceso de formulación de esta Estrategia destacaron la importancia de una ley de delitos cibernéticos, así como de incentivar una cultura de prevención de ciberdelincuencia en el sistema educativo del país y a nivel del sector justica. Adicionalmente, en las entrevistas y cuestionarios se observó que a pesar de que existen investigaciones y enjuiciamientos por delitos cibernéticos, estos han sido enfocados en el tema de derecho de propiedad intelectual y de pornografía infantil y no en lo relativo al ciberespacio en general. Asimismo, se puso de manifiesto en la información recabada, la existencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros grupos de peritos forenses digitales que están trabajando para el establecimiento de estadísticas de ciberdelitos con el fin de desarrollar el “Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos” (OGDI); sin embargo, hace falta información particularmente del sector privado. En términos de capacitación para la investigación de delitos cibernéticos, se destaca la falta de conocimiento de las autoridades sobre la aplicación de la ley acerca de una prueba digital, así como de la cadena de custodia digital, el traslado y la sustracción de la evidencia sobre el ISO 27037. De igual manera, las salas de audiencia no están equipadas para recibir evidencia digital, y hace falta también instrumentos para la adecuada recolección, preservación, transporte y análisis de la evidencia digital (ej. bolsas de Faraday utilizadas para preservar dispositivos móviles como evidencia). Actualmente, existe una unidad en la Policía Nacional Civil (PNC) encargada de la investigación de delitos cibernéticos que es necesario reforzar e impulsar al igual que la Unidad Científica de Peritaje Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF). Sin embargo, el Ministerio Público aún no cuenta con una Unidad de Delitos Cibernéticos, la cual deberá ser creada y reforzada para trabajar en conjunto con las demás unidades relacionadas al tema. Se remarcó la disposición de instituciones que pueden facilitar la capacitación de las autoridades en delitos relacionados con la informática y en el manejo de evidencias electrónicas, como la Red Latinoamericana de Informática Forense11 y la consultoría INFOGTM12. Asimismo, se discutió la importancia de ofrecer capacitaciones a los profesionales del derecho, no sólo a las autoridades. Debido a que no existe una normativa que regule el apoyo de los proveedores de Internet, se enfatizó que una regulación apropiada es necesaria para intercambiar información con las instituciones de seguridad y justicia específicamente en las investigaciones, para determinar 22 11 http://www.redlifguatemala.org 12 http://www.infogtm.com