través del uso de tecnologías digitales. El potencial de la digitalización se ha desarrollado de tal manera que ha trastocado la vida de los seres humanos y su relación con el entorno. Entre los aspectos positivos de su aplicación, los servicios gubernamentales se han visto fortalecidos, pues la digitalización ha ayudado en la resolución de problemas y el combate a la corrupción, en la simplificación y agilización de trámites, en el desarrollo y en la organización administrativa, y también en el uso de herramientas de transparencia y rendición de cuentas. También incide positivamente en la inclusión de sectores vulnerables de la población y en el ejercicio del derecho a la información y libre expresión. No obstante, también existen experiencias gubernamentales negativas que han usado las promesas y alcances potenciales de la moda de la digitalización y de las TIC como pretexto para la dilapidación opaca de recursos públicos. Con ello se han justificado errores y corrupción en la administración y operación de los servidores públicos; pues se argumenta que la misma evolución tecnológica obliga a realizar actualizaciones y compra de los equipos y sistemas de manera indiscriminada e injustificada para evitar la obsolescencia. También es importante aclarar y erradicar la falsa idea de que todo trámite que se realiza a través de un sistema se encuentra per se digitalizado, y que ello supone una mejora. Existen procesos que deben ser digitalizados de punta a punta a partir de su simplificación y pertinencia, lo cual implica una incidencia real en su utilidad pública. A su vez, los costos y la accesibilidad desigual de las TIC han devenido en una división más marcada de la sociedad y se habla de los que tienen acceso y de los que no tienen acceso a la tecnología y al Internet. Asimismo, se mencionan las habilidades digitales para los trabajos especializados, lo que deriva en una jerarquía basada en cierto tipo de aprendizaje y de productividad; es decir, es posible que tenga mayor poder adquisitivo y oportunidades laborales quien cuenta con herramientas digitales que le permitan desempeñar un trabajo, a diferencia de quien no las tiene. Esto genera una exclusión con la que se debe acabar. El acceso y uso de las TIC constituyen sólo un medio que el gobierno y la sociedad deben utilizar para potenciar las relaciones, las actividades y la producción, siempre enfocado al incremento del bienestar general. Por ello, uno de los proyectos prioritarios para la construcción de un país con bienestar y el impulso de la actividad económica está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), en su numeral III ECONOMÍA, Cobertura de Internet para todo el país, el cual establece que: "Mediante la instalación de Internet inalámbrico en todo el país se ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Será fundamental para combatir la marginación y la pobreza, y para la integración de zonas deprimidas a las actividades productivas." Como puede observarse, el énfasis se coloca en el combate a la marginación y a la pobreza, y a la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas. Para estas zonas, el acceso a Internet también abrirá posibilidades de comunicación, educativas, de cultura, de información útil para el cuidado de su alimentación y salud o de su entorno, entre otras. Por lo tanto, la EDN implica la construcción de una república de bienestar con soberanía, autonomía e independencia tecnológicas que garantice el acceso democrático y universal a los recursos digitales, a la infraestructura y a los servicios gubernamentales abiertos, estandarizados y seguros, que sean utilizados de forma eficiente y racional. Para ello, la EDN se basa en cinco principios rectores de la política tecnológica que se describen en el siguiente apartado. 3. Principios de la EDN Los principios de la EDN se refieren a un conjunto de conceptos que guían y respaldan las diferentes acciones y decisiones de la política tecnológica del Gobierno de México en todas las circunstancias. Se aplican a todas las iniciativas de proyectos y uso de TIC en el gobierno y a todas las relaciones con las partes involucradas que apoyan una cultura de colaboración, intercambio y optimización de recursos disponibles. La EDN aterriza las capacidades gubernamentales en la prioridad de atender los planteamientos de una adecuada gobernanza tecnológica, la mejora de los servicios digitales y la optimización de los procesos, enmarcando dichos propósitos en los siguientes principios: