Los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales se orientan a la atención del origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general de todos los aspectos que puedan poner en riesgo a la ciudadanía para ofrecer seguridad y protección de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno. Se generarán las condiciones para el bienestar de la población con el objetivo de impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional en un marco de paz y seguridad. Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 1.- Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz. 2.- Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional. 3.- Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural. 4.- Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito. 5.- Fortalecer la Gestión Integral del Riesgo para construir un país sostenible, seguro y resiliente. 6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz. Este objetivo prioritario atiende a la problemática del deterioro de las condiciones de seguridad en el territorio nacional que impiden la construcción de la paz a causa la deficiente prevención, investigación y persecución del delito; el insuficiente desarrollo policial; los limitados mecanismos de coordinación entre las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno y la insuficiencia en la provisión y regulación de los servicios que auxilian en las funciones de seguridad pública. Los efectos de este problema público se pueden observar en el incremento de la incidencia delictiva, el aumento de delitos que no se denuncia, la falta de confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia y el aumento en la demanda de los servicios de seguridad privada por las diversas afectaciones a las personas y su patrimonio. Esto da cuenta de la crisis de seguridad pública de la última década, que propició el reclamo de la ciudadanía ante la inseguridad que vive México, por lo cual el Ejecutivo Federal definió un cambio de paradigma de seguridad sustentado en una política de paz y seguridad integral, cuyo objetivo es la reducción de los índices delictivos. México es un país enmarcado en una crisis de violencia e inseguridad que ha impactado gravemente la vida de la población y la economía del país. El homicidio es el crimen más representativo del precario estado de la seguridad pública de México, de acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios en México; es decir, 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Esta tasa es superior a la registrada en 2017, que fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. La victimización en el país también enmarca la crisis referida; la ENVIPE 2019 del INEGI reveló que en 2012 el 27.3% de la población mayor a 18 años fue víctima de algún delito, mientras que en 2018 fue el 28.3%. Lo anterior implicó un aumento del 7.34% y un incremento en términos absolutos de 4.5 millones de víctimas en ese periodo. En 2018, se cometieron 33 millones de delitos asociados a 24.7 millones de víctimas; esto es, 1.2 delitos por víctima durante el último año registrado. Asimismo, se estima que 33.9% de los hogares del país tuvo al menos una víctima. Adicionalmente, la ENVE 2018 muestra que en 2017, 34% de las 4.6 millones de unidades económicas del país (1.5 millones), fueron víctimas de algún delito. Se estima que en 2017 el costo para las empresas en México, derivado de la inseguridad y los delitos, ascendió a 155.8 mil millones de pesos, lo que representa el 0.9% del PIB. Esto afectó al sector productivo al aumentar los costos de operación, situación que impide la existencia de escenarios propicios para la generación de negocios y empleos. La prevalencia delictiva genera una percepción negativa en la ciudadanía sobre la efectividad del Estado en el combate al crimen, lo que redunda en la disminución de la calidad de la democracia, entre otros efectos. La ENVIPE 2019, estimó que el 67.2% de la población de 18 años y más, consideró a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que aqueja a su entidad federativa. Sin la confianza en la capacidad de las instituciones de proveer seguridad a su población se rompe un elemento del pacto social entre gobernantes y gobernados. De acuerdo con la ENVIPE 2019, durante 2018, la cifra negra ascendió a 93.2% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación lo que dificulta identificar, ubicar y asegurar personas y organizaciones delictivas relacionadas con la comisión de algún delito. Ante esta situación, la demanda de servicios de seguridad privada ha crecido exponencialmente. Las cifras del RNEPESP, muestran que de 714 empresas en 2010 se pasó a 1,141 empresas con registro en 2018. Lo que significa que en los últimos ocho años tuvo un crecimiento promedio anual de 6% de unidades económicas prestadoras de estos servicios para el cuidado de las personas y sus patrimonios. Para atender la situación de seguridad del país, el Gobierno de México ha establecido en el PND 2019-2024 que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública deba desarrollar estrategias específicas para velar por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, a fin de que las fuerzas de seguridad actúen de manera coordinada con apego a derechos humanos y a los principios de igualdad y no discriminación para prevenir, investigar y perseguir los delitos a fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de acuerdo a lo establecido