de forma coordinada, definiendo claramente la población objetivo de cada una. Esta situación de esfuerzos aislados, en algunos casos dispersos, sin foco e impacto, también se presenta en actividades tales como eventos o convocatorias de capacitación, en las cuales múltiples entidades destinan recursos para el mismo fin y no coordinan los contenidos de las capacitaciones, lo que no permite maximizar la efectividad de tales actividades. Actualmente, el colCERT es el organismo coordinador a nivel nacional en aspectos de ciberseguridad y ciberdefensa, el cual presta su apoyo y colaboración a las instancias nacionales tales como el CCP y el CCOC. Este grupo tiene la función de coordinar las acciones necesarias para la protección de la infraestructura crítica del Estado colombiano frente a emergencias de ciberseguridad que atenten o comprometan la seguridad y defensa nacional. Sin embargo, aún se requiere establecer una visión global y estratégica en torno a la seguridad digital, cuya ausencia se evidencia en la forma en que se interpretan los conceptos y en el alcance de las acciones que cada entidad debe ejecutar sobre la materia. Esto genera una dispersión de los esfuerzos realizados por cada entidad en el cumplimiento de sus funciones y competencias. A la falta de una instancia de coordinación nacional en seguridad digital, se le suma la ausencia de una instancia de orientación superior que emita lineamientos generales a nivel nacional y defina los objetivos nacionales en términos de seguridad digital. La dinámica institucional existente, bajo la coordinación de la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal, al estar enmarcada en una política sin una visión global que no adopta el enfoque de múltiples partes interesadas (sección 2.2 Mejores prácticas internacionales), está motivada únicamente en lograr el cumplimiento de los objetivos de (i) defensa del país; y (ii) lucha contra el cibercrímen. Es decir, de enfrentar las amenazas que atentan contra la defensa y seguridad nacional en el ámbito cibernético (ciberseguridad y ciberdefensa), pero no en el objetivo de gestionar los riesgos de seguridad digital que maximice los beneficios de un entorno digital abierto para impulsar la prosperidad económica y social. Al ser Colombia un país con un entorno digital creciente, un enfoque de seguridad digital no basado en la gestión de riesgos y que no involucre a todas las partes interesadas, será cada vez más insostenible y costoso, sin que efectivamente se proteja la economía y la sociedad (OEA, 2014). Los incidentes e incertidumbres digitales afectan a diferentes agentes y sectores, por lo que sus consecuencias pueden ser nacionales  sin necesidad de que sean dirigidas directamente al Estado  y de tipo económico o social. El riesgo de seguridad digital, por consiguiente, debe ser formulado en términos económicos y sociales: pérdidas financieras, pérdidas en competitividad, pérdidas de oportunidad, daños a la reputación, a la imagen o a la confianza; y debe ser gestionado debidamente por todos los interesados o posibles afectados (OCDE, 2015a). 33