A/67/167
Panamá
[Original: español]
[10 de julio de 2012]
Las economías del siglo XXI están basadas, cada vez más, en el sector de
servicios; esto es especialmente evidente en las economías del primer mundo. El
comercio electrónico no es más que la expresión más reciente de este sector de la
economía, facilitando las transacciones comerciales, reduciendo costos y tiempos de
entrega de mercancías y servicios alrededor de todo el mundo. El gobierno
electrónico es la versión estatal de comercio electrónico que permite a los Estados
atender una gran cantidad de solicitudes de parte de los ciudadanos de un Estado, de
manera rápida y eficiente a través de diferentes tecnologías (web y móvil).
Debido al amplio uso de las tecnologías de información y comunicación para
soportar el comercio y gobierno electrónico, es necesario realizar esfuerzos para
asegurar que dichas tecnologías provean los requisitos mínimos de confidencialidad,
integridad y disponibilidad, requeridos por los clientes y ciudadanos de un Estado.
Sin embargo, muchos de los esfuerzos realizados hoy día se concentran en
soluciones técnicas a problemas globales, que requieren atacar el problema desde
varios ángulos.
Creemos que el desarrollo de marcos legales, basados en referencias
internacionales, previamente adoptadas por otros Estados y que cuenten con amplia
aceptación, debe ser la tarea número uno de los Estados que quieran promover el
comercio y gobierno electrónico, mientras se crea un ambiente hostil para los
delincuentes y terroristas que utilicen estos medios para llevar a cabo sus
actividades. Al proveer un ambiente amigable para el comercio y gobierno
electrónico, solo se puede esperar obtener beneficios para las economías de los
países que adopten medidas de protección legal y técnica a la problemática.
Al mismo tiempo, se deben continuar los esfuerzos para desarrollar técnicas y
políticas de defensa del ciberespacio de los Estados, donde se encuentren los
intereses de los diferentes países, mediante estrategias nacionales de ciberseguridad
que puedan ser implementadas en tiempos definidos y realistas. Estas estrategias
deben estar orientadas a la conservación de la seguridad nacional y estabilidad de
los países, además de contribuir a la paz internacional.
Las medidas adoptadas a nivel nacional por parte de Panamá para fortalecer la
seguridad de la información y contribuir con la cooperación internacional son:
a)
Creación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes, mediante
decreto ejecutivo No 709 de 26 de septiembre de 2011;
b) Revisión de la ley sustantiva (Código Penal) para la inclusión de nuevas
conductas criminales relacionadas con el ciberdelito y su posterior remisión a la
Asamblea Nacional de Diputados para su aprobación (Proyecto de Ley No. 377);
c)
Discusión y revisión del Código Procesal Penal, para alinearlo con las
nuevas conductas incluidas en el Código Penal;
d) Conformación del grupo de trabajo para la discusión de la
responsabilidad de los proveedores de acceso a Internet en el ámbito de la seguridad
de la información, dirigida por la Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental y Autoridad Nacional de los Servicios Públicos; también se discute
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