ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DEL ECUADOR
Versión 1.0 - BORRADOR al 14 de mayo de 2022
Si bien sabemos que hay varios desafíos, también hay varias oportunidades de crecimiento en nuestra
postura de ciberseguridad. Existe una colaboración prometedora tanto a nivel internacional como entre las
partes interesadas nacionales que desean mejorar las prácticas existentes y colaborar por conducto de
diversos grupos de trabajo.
El clima general de inversión tecnológica en nuestro país ha sido favorable, abriendo también la puerta a
inversiones en ciberseguridad. Desde una perspectiva jurídica, hemos adoptado medidas para ratificar y
aplicar el Convenio de Budapest y el país fue invitado el 30 de marzo de 2022 a adherirse al tratado, una
medida que ayudará significativamente a nuestra capacidad de combatir la ciberdelincuencia
transfronteriza.
Las amenazas por otro lado han incluido un alto número de ciberataques maliciosos contra nuestra
infraestructura crítica nacional, infraestructura tecnológica con problemas de obsolescencia, altos costos
para la adquisición de tecnología y marcos legales y regulatorios desactualizados, todos los cuales nos
han dejado vulnerables. Además, es necesario abordar los desafíos relacionados con la falta de
presupuesto sostenido y la escasez de personal especializado en ciberseguridad en las organizaciones, y
necesitamos construir sistemáticamente una cultura de ciberseguridad para que las personas y las
empresas sepan cómo protegerse en línea.
Con lo anterior en mente, estamos planeando las siguientes iniciativas para llevar a nuestro país a un nuevo
nivel en ciberseguridad y resiliencia:
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Reforzar la capacidad institucional, reglamentaria, administrativa y de gestión para abordar las
cuestiones de ciberseguridad desde el más alto nivel, sensibilizando y formando a todas las
múltiples partes interesadas;
Aumentar la confianza digital y fomentar el uso del entorno digital, adoptando medidas para
gestionar los riesgos cibernéticos contra nuestras infraestructuras críticas nacionales y otros
activos contra los riesgos cibernéticos, y desarrollando una cooperación eficiente en la que
participen múltiples partes interesadas, con el objetivo de maximizar los beneficios económicos y
sociales en todos los sectores;
Proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y sus actividades económicas y sociales
en el entorno digital reforzando la lucha contra la ciberdelincuencia y aplicando mecanismos de
asistencia a las víctimas de este flagelo;
La racionalización de las capacidades nacionales de defensa frente a las amenazas cibernéticas
y a los actos hostiles en el ciberespacio que puedan afectar a la soberanía nacional, la
independencia, la integridad territorial, el orden constitucional, los intereses nacionales y la
prosperidad económica y social;
Participar activamente a nivel nacional e internacional en la promoción de un entorno digital
abierto, estable y fiable, y en la cooperación, colaboración y asistencia en relación con la gestión
de riesgos de seguridad digital.
A la hora de establecer estas iniciativas de ciberseguridad, tendremos en cuenta componentes como la
gobernanza, la educación, la cooperación, la regulación, la investigación, la innovación, la diplomacia, el
desarrollo, la protección, la seguridad y defensa de las infraestructuras críticas, y los intereses nacionales
del Estado, entre otros. Nuestros esfuerzos estarán enfocados a los ciudadanos, a la sociedad en general,
a las Fuerzas Armadas y a los sectores público y privado, para que nuestro país pueda tener una estructura
social y económica que facilite el logro de nuestros objetivos nacionales.
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