Derechos para el Desarrollo
Digital:
Las tecnologías al servicio de un país más
democrático, participativo y que garantice
los derechos de las personas.
Situación actual
Desde hace 20 años, el Estado ha sido consciente de la necesidad de adecuar nuestra
legislación al impacto social y económico de las tecnologías. En ese marco, se dictó la ley
19.223 de delitos informáticos de 1994; la ley 19.628, de protección de datos personales
en 1999, y la ley de firma y documentos electrónicos de 2002, lo cual nos ha situado a la
cabeza de la región. Más recientemente, Chile fue el primer país en impulsar y aprobar una
ley de neutralidad en la red, convirtiéndose así en referente y modelo para otros países que
adoptaron lo que hoy es prácticamente el estándar mundial.
Sin embargo, el desarrollo del marco normativo nacional en materia digital ha avanzado
de manera desigual en relación al desarrollo de nuevas tecnologías, lo que ha impactado
significativamente en los derechos fundamentales de las personas. Si queremos avanzar
en el desarrollo digital de Chile y dar cumplimiento a los desafíos y metas que nos
proponemos es necesario dar un nuevo impulso normativo que permita corregir aquellas
normas que con los avances tecnológicos han quedado obsoletas o detienen la innovación,
emprendimiento y crecimiento de los mercados y así generar las condiciones regulatorias
que faciliten el desarrollo sostenible de la economía y la plena inclusión social a la sociedad
del conocimiento.
La Agenda Digital 2020 contempla en algunos casos mesas de trabajo para consensuar los
cursos de acción y en otros avanzar en el impulso de proyectos de ley que se consideran
claves para asegurar el desarrollo digital de Chile con un pleno respeto por los derechos de
las personas.
Se trata de una tarea multisectorial de coordinación, articulación e identificación de
brechas normativas para luego proponer las modificaciones legales y/o reglamentarias
que sean necesarias. Situamos este desafío en el primer acápite de esta agenda porque
consideramos que es una meta transversal que permitirá el cumplimiento de las demás que
se contemplan.
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