A/74/120 interjurisdiccionales, así como administrar toda la información sobre reportes de incidentes de seguridad y encauzar sus posibles soluciones de forma organizada y unificada, entre otros objetivos. En este marco, se ha establecido un protocolo para circunstancias de alta exposición a riesgos de seguridad informática, entre organismos púb licos, y que contempla la vinculación con el sector privado. Actualmente se está trabajando en la elaboración de una norma que aprueba la definición de infraestructuras críticas de información, los criterios para determinar su criticidad y su categorización en diversos sectores. En el marco del Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, se creó por Disposición núm. 2/2013 el Equipo de Respuesta ante Incidencias de Seguridad Informáticas Nacional. En materia de legislación, el delito cibernético fue incorporado al Código Penal en 2008 mediante la Ley 26.388. En 2013 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.904, que tipifica el delito de captación de niños por Internet con fines sexuales (grooming) y agrava las penas de los delitos vinculados a la pornografía infantil en Internet. En 2017, el Congreso aprobó la Ley 27.411 de adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia. En enero de 2019 el Congreso sancionó la Ley 27.482 de modificación del Código Procesal Penal Federal, que incorpora herramientas para la obtención de evidencia digital (interceptación de comunicaciones digitales, registro y conservación de datos y de sistemas informáticos). Actualmente se está trabajando en un proyecto de ley modificatorio del Códig o Penal que considera la tipificación de varios delitos informáticos y, particularmente, la afectación de infraestructuras críticas. A fin de mejorar las capacidades en materia de combate al ciberdelito, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó numerosos talleres de capacitación para operadores del sistema penal sobre ciberdelito, tratamiento de evidencia digital y formas modernas de investigación, junto con organismos internacionales, tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Europa. Los talleres se llevaron a cabo en las distintas regiones del país y estuvieron dirigidos a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad a nivel federal y a nivel provincial. Desde 2016 hasta hoy, estos programas de capacitación alcanzaron a casi 500 jueces y fiscales de todo el país. Por otra parte, uno de los objetivos de la Agenda Digital Argentina, aprobada por el Decreto 996/2018, es el de desarrollar capacidades en ciberseguridad para generar confianza en los entornos digitales. En este sentido, a fin de fortalecer las capacidades para la concientización/sensibilización sobre los riesgos en el uso de las redes sociales e Internet, con foco en la población en general y en los grupos considerados de riesgo, en particular, se han desarrollado programas de formación de formadores en coordinación con el Programa Punto Digital. Se han abordado temáticas como el ciberacoso (cyberbullying), el grooming, la suplantación de identidad (phishing), la ciberseguridad y estrategias de atención/contención de víctimas/prevención y detección de delitos informáticos, con foco en los jóvenes, los adolescentes y los adultos mayores. En materia de protección de datos personales, la Argentina fue uno de los primeros países de la región en tener un marco regulatorio de protección de datos personales, mediante la sanción de la Ley 25.326. Participa en el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del Consejo de Europa. 4/43 19-10580