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el hombre están aumentando en número, complejidad y gravedad. Algunas proceden
de Estados, pero muchos tienen su origen en agentes no estatales, e incluyen una
actividad delictiva o terrorista. Los motivos varían, desde la apropiación de dinero o
información, o la perturbación causada a competidores, el nacionalismo y la
extensión en el ciberespacio de las formas tradicionales de conflictos estatales. Los
autores de estas amenazas las dirigen por igual contra particulares, empresas,
infraestructuras nacionales críticas, y gobiernos, y sus efectos tienen consecuencias
significativas para el bienestar y la seguridad de las naciones y la comunidad
internacional en su conjunto interconectada con carácter mundial.
Con independencia de las medidas nacionales que puedan adoptar los
gobiernos a nivel nacional para proteger sus redes de información, la colaboración
internacional sobre estrategias para reducir los riesgos que penden sobre las
tecnologías de la información y las comunicaciones es esencial para garantizar la
seguridad de todos. Los gobiernos deben poder confiar en que las redes que
sustentan su seguridad nacional y prosperidad económica son seguras y resistentes.
El logro de una infraestructura de tecnologías fiable garantizará que todos puedan
materializar el potencial de la revolución de la información.
Esa tarea no será fácil. La comunidad internacional enfrenta el reto de
mantener un entorno que promueva la eficiencia, la innovación, la prosperidad
económica y el libre comercio, a la vez que fomenta la seguridad, las libertades
civiles y los derechos a la privacidad. La dificultad de la tarea se complica por los
atributos peculiares de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Accesibles a todos, las redes son a menudo de propiedad del sector privado, que las
explota, y no de los gobiernos. A diferencia de las armas tradicionales, las
herramientas perjudiciales de la tecnología de la información son furtivas e
invisibles. Pueden atravesar por muchas naciones y es difícil determinar el origen, la
identidad, y el patrocinio del autor. Algunos actores no estatales están desarrollando
cada vez más capacidades que dan a los Estados o actores no estatales mayor
posibilidad de utilizar sustitutos para participar en actividades perturbadoras en el
ciberespacio. Debido a estos atributos, las estrategias tradicionales, como las
medidas empleadas para el control de armas, sean ineficaces para controlar o limitar
a los autores de la amenaza y, por tanto, se requieren nuevos enfoques creativos para
mitigar los riesgos. A pesar de la dificultad de la tarea, los Estados Miembros deben
unirse en el objetivo común de preservar y mejorar la contribución de las
tecnologías de la información, garantizando su seguridad e integridad.
Las tareas de los Estados Miembros abarcan el ámbito nacional e
internacional. La protección de las infraestructuras nacionales de información es una
responsabilidad que incumbe a los gobiernos en el plano nacional, en coordinación
con las partes interesadas pertinentes de la sociedad civil. Al mismo tiempo, los
esfuerzos nacionales deben estar apoyados por la colaboración internacional en la
concepción de estrategias que aborden la naturaleza transnacional de las diversas
amenazas a los sistemas de información en red. Estos esfuerzos deben incluir la
cooperación en materia de gestión de incidentes, mitigación y respuesta,
investigación y enjuiciamiento penal con carácter transnacional, recomendaciones
técnicas para mejorar la robustez de la infraestructura cibernética, y la afirmación de
normas de conducta comunes en el plano internacional, apoyadas por medidas de
fomento de la confianza destinadas a mejorar la estabilidad y reducir los riesgos de
una percepción errónea.
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