El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o
concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran
circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente
concurran circunstancias de agravación punitiva.
Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá
ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial
creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la
preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso
concreto.
Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena, en la
tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la
complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda.
Adicionado por el art. 3, Ley 890 de 2004. <El texto adicionado es el siguiente> El sistema de cuartos no se
aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía
y la defensa.
Artículo 62. Comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias agravantes o
atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de la conducta no se comunican a
los partícipes, y sólo serán tenidas en cuenta para agravar o atenuar la responsabilidad de
aquellos que las hayan conocido.
Las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en el autor, se
comunicarán a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento de la planeación o
ejecución de la conducta punible.
CAPITULO TERCERO
De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad
Artículo 63.
Modificado por el art. 29, Ley 1709 de 2014, <El nuevo texto es el
siguiente> Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena
privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por
un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los
siguientes requisitos:
1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.
2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos
el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con
base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.
3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años
anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares
del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad
civil derivada de la conducta punible.
El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta. En
todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política,