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solamente mediante los enfoques convencionales de seguridad de las tecnologías de
la información.
Delincuentes sumamente profesionales dedican considerables medios técnicos y
financieros a detectar las deficiencias existentes en los sistemas de tecnologías de la
información y las comunicaciones y aprovechan esas deficiencias para sus propios
fines. La dificultad de establecer una atribución fiable y las oportunidades
resultantes para los “ataques de falsa bandera” plantean nuevos riesgos a la
seguridad nacional e internacional, en particular a través de malentendidos y errores
de cálculo. Las intrusiones dirigidas a conseguir información en un principio no
suelen parecer distintas de las que tienen fines destructivos. Esto aumenta aún más
el riesgo de percepciones erróneas sobre los ataques recibidos y su posible
vulneración de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
La ambigüedad imperante en torno a qué normas aplicar en el ciberespacio crea una
situación todavía más imprevisible.
Los sistemas de control de procesos para las infraestructuras esenciales han
demostrado ser especialmente vulnerables a las operaciones malintencionadas de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Los riesgos de que se
produzcan daños colaterales incontrolables a escala mundial son elevados, como la
infección de sistemas de control industrial con efectos que podrían ocasionar daños
materiales. Un solo ataque cibernético contra la infraestructura básica de
telecomunicaciones podría causar más perturbaciones mundiales que un ataque
físico.
Independientemente de los diversos grados de capacidad y seguridad de las
tecnologías de la información y las comunicaciones de los distintos Estados, a
menudo las medidas concretas para aumentar la resistencia se aplazan o se suprimen
de la agenda por completo a causa de la incertidumbre que rodea a los riesgos de
seguridad cibernética y cómo hacerles frente con eficacia, la complejidad y novedad
de los ataques digitales y el secretismo que oscurece los distintos incidentes.
Medidas adoptadas a escala nacional
En 1991 se creó la Oficina Federal para la Seguridad de la Información (Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) como principal proveedor de
servicios centrales de seguridad de las tecnologías de la información para el
Gobierno federal. En esta función, la BSI publica normas mínimas vinculantes en
materia de seguridad de las tecnologías de la información para la administración
federal y actúa como su oficina central en materia de tecnologías de la información
para la notificación de incidentes. Además, opera como oficina neutral para
asesoramiento y apoyo en el ámbito de la seguridad de las tecnologías de la
información. Los logros principales del trabajo realizado por la oficina fueron, por
ejemplo, la norma de gestión de la seguridad de las tecnologías de la información
(IT-Grundschutz), el equipo de respuesta a emergencias cibernéticas para los
organismos federales (CERT-Bund) como plataforma para la gestión de incidentes y
el intercambio de información (que se remonta a 1994) y el Equipo de Respuesta a
Emergencias Cibernéticas de los Ciudadanos (Buerger-CERT), creado en 2006,
como instrumento para abordar sectores más amplios de la sociedad y concienciar a
los ciudadanos. Además, la BSI emite advertencias sobre software maligno y
vulnerabilidades de la seguridad de productos y servicios de tecnologías de la
información, informa a las partes interesadas (incluidos los proveedores de
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