A/68/156 • Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre de 1999, sobre firma electrónica, aprobado con el objetivo de fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones Públicas, que incorporaba al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre de 2003, de firma electrónica, actualiza este marco mediante la incorporación de las modificaciones que aconseja la experiencia acumulada desde su entrada en vigor. • Ley 11/2002, de 6 de mayo de 2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y posteriormente, el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo de 2004, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, mediante los cuales, se encomienda al CNI, entre otras cosas, coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que utilicen medios y procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de las tecnologías de la información en ese ámbito y velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada. • Ley 34/2002, de 11 de julio de 2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Tiene por objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Asimismo incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley. • Ley 32/2003, de 3 de noviembre de 2003, general de telecomunicaciones, que regula la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. • Ley 59/2003, de 19 de diciembre de 2003, de firma electrónica, ya citada. • Ley 11/2007, de 22 de junio de 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que regula la comunicación mediante el empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos existentes entre los ciudadanos y las administraciones públicas. • Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre de 2007, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ácido desoxirribonucleico (ADN), que crea una base de datos en la que, de manera única, se integran los ficheros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los que se almacenan los datos identificativos obtenidos a partir de los análisis de ADN que se hayan realizado en el marco de una investigación criminal, o en los procedimientos de identificación de cadáveres o de averiguación de personas desaparecidas. 6 13-39738